La tensión política e institucional en torno al futuro de la regulación de la yerba mate en la región productora ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. El presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte (Acpyn), Julio Petterson, expresó un rechazo categórico al proyecto de Reordenamiento Normativo impulsado por la administración central, advirtiendo severas consecuencias políticas para los miembros del Directorio que acompañen la iniciativa oficial.
“El director o directora del Inym que apoya el proyecto de Nación tiene que ser considerado traidor”, sentenció con dureza Julio Petterson, quien recientemente fue electo por octavo período consecutivo al frente de la organización con sede en la localidad de Andresito. Para el dirigente y cofundador de la entidad gremial, el escenario actual no admite posturas intermedias: “Acá no puede haber punto intermedio. Si esto avanza, se elimina todo lo que se construyó durante 20 años y que fue lo que permitió mejoras para los tareferos, productores, cooperativas, industrias, y para cada uno de los municipios de Misiones”.
El malestar del sector primario se inscribe en un contexto de retracción económica que, según describen los productores, se inició a partir de la desregulación de la actividad. El presidente de la Acpyn vinculó de forma directa la reforma propuesta con la coyuntura macroeconómica y sectorial del país, señalando que la situación actual se agrava “teniendo en cuenta que ya estamos inmersos en una crisis desatada con el DNU 70/23 de Javier Milei, que tiró por el piso los precios de la hoja verde y de la canchada, y nos está arrinconando hacia la pobreza o peor para algunas familias que ya venían mal”.
El alcance del proyecto de Reordenamiento Normativo de Nación
La propuesta de reforma estructural, redactada y promovida por el Gobierno nacional, apunta a modificar de manera integral las competencias y el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym). El proyecto oficialista plantea cambios drásticos en casi toda la estructura del organismo regulador, exceptuando únicamente el área de Promoción Comercial. Entre sus puntos más críticos, la iniciativa gubernamental contempla despojar al instituto del manejo de su base de datos y de sus facultades de fiscalización, además de derogar de forma directa un total de 21 resoluciones que fueron dictadas por la entidad entre los años 2003 y 2023, período que abarca sus dos décadas de funcionamiento pleno.
La propuesta fue acercada de manera personal a los directores del Inym la semana pasada por emisarios técnicos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación. Para que esta reforma prospere e inicie su aplicación efectiva, requiere obligatoriamente del voto favorable de la mayoría de los doce directores que componen el cuerpo de conducción del organismo descentralizado.
Falta de consenso en la Subcomisión y distribución de los votos
Aunque las directivas del Poder Ejecutivo nacional estipulaban que el proyecto fuera analizado en la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control del Inym para luego pasar a su votación y aprobación definitiva en la reunión general de Directorio prevista para el próximo martes 29 de septiembre, los plazos oficiales se vieron alterados. El resultado de las deliberaciones internas no coincidió con las expectativas del actual presidente de la institución, Rodrigo Correa, funcionario alineado con la gestión de Javier Milei. En el encuentro de la Subcomisión, la mayoría de los directores resolvió mantener el proyecto bajo análisis dentro de dicha comisión y solicitar formalmente a las distintas áreas técnicas de la entidad la realización de un informe de impacto sobre los efectos reales de la medida, postergando así su tratamiento inmediato.
Durante la sesión de trabajo, manifestaron de forma explícita su desacuerdo con la reforma los representantes de los Trabajadores Rurales, Ramón Sorondo; los directores por el sector de los Productores, Roberto Ferreyra y Jorge Haddad; el representante del Gobierno de Misiones, Ricardo Maciel; el referente de los Secaderos, Luis Konopacki; los representantes de las Cooperativas, Carlos Czajkowski y Elian Genski; y por el sector de la Industria, el representante misionero Gerardo López. Por el contrario, optaron por no manifestar opinión ni fijar postura la representante de los Productores, Marisol Fracalossi; los directores de la Industria, Manuel Caset y Gustavo Barreiro; y el propio presidente del cuerpo, Rodrigo Correa. La representación de la provincia de Corrientes estuvo ausente en el debate.
Ante este escenario de paridad y definiciones pendientes, Julio Petterson hizo especial hincapié en el rol de los delegados del sector productivo. “Nosotros, los productores, estamos en manos de los directores Roberto Ferreyra, Jorge Haddad y Marisol Fracalossi. Sabemos que Roberto nos va a defender, con la coherencia que lo caracteriza desde que está en el Inym, actuando en defensa de los productores y de la Institución, y esperamos que los demás actúen de la misma manera, y también esperamos lo mismo de los representantes de tareferos, secaderos, cooperativas e industrias”, remarcó.
La preocupación de las bases productoras se sustenta, asimismo, en las decisiones que el Directorio ha tomado desde el recambio de autoridades a fines de 2023. Desde la asunción de Rodrigo Correa en diciembre del año pasado, se han aprobado —con el aval de ciertos representantes de la Producción, Secaderos y Cooperativas— medidas que impactaron en la estructura operativa de la institución, incluyendo el despido de 21 agentes técnicos, el desmantelamiento de áreas clave de fiscalización, la suspensión de programas de asistencia técnica y la discontinuación de normas orientadas a sostener la productividad y los estándares de calidad de la actividad yerbatera regional.
